Ciudadanía por inversión en Malta: cerrada tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

No. Desde el 29 de abril de 2025 nadie puede comprar la ciudadanía maltesa, y desde las reformas de julio de 2025 han desaparecido las disposiciones legales que lo permitían. La Ley XXI de 2025 reescribió el artículo 10, apartado 9, de la Ley de Ciudadanía Maltesa (Maltese Citizenship Act) para que el ministro solo pueda conceder la naturalización «por mérito» a quien «preste servicios excepcionales o haga una contribución excepcional, incluida la creación de empleo» a Malta o a la humanidad, o cuya naturalización sea de «interés excepcional» para Malta^[5]. La ley define «excepcional» como «manifiestamente superior o que aporta valor» y cita como perfiles típicos a científicos, investigadores, deportistas, artistas, intérpretes culturales, emprendedores, filántropos y tecnólogos^[5].

A continuación, el Aviso Legal 159 de 2025 suprimió del reglamento todas las disposiciones propias del MEIN: la evaluación de elegibilidad, los requisitos de inversión, las obligaciones de los «primeros cinco años», el cupo de admisiones, el baremo de tasas y las normas sobre la contribución no reembolsable^[7]. El reglamento pasó a llamarse Granting of Citizenship by Naturalisation on the basis of Merit Regulations (S.L. 188.06), es decir, reglamento de concesión de la ciudadanía por naturalización sobre la base del mérito^[6].

Algunas webs siguen anunciando paquetes de «ciudadanía de Malta por mérito» con precio cerrado. Según el texto vigente, la aportación económica por sí sola no constituye mérito; cada caso pasa por una Junta de Evaluación (Evaluation Board) y por el ministro, que no está obligado a motivar su decisión y cuya resolución es definitiva^[6]. Desconfíe de cualquier oferta que ponga un precio fijo a un pasaporte maltés.

Se trataba de un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea con arreglo al artículo 258 del TFUE. Desde octubre de 2020, la Comisión sostenía que conceder la nacionalidad, y con ella la ciudadanía de la UE, «a cambio de pagos o inversiones predeterminados sin ningún vínculo real» con el Estado miembro es incompatible con el artículo 4, apartado 3, del TUE y con el artículo 20 del TFUE, y subrayaba que Malta era el único Estado miembro que mantenía un programa de este tipo^[3][4].

La Gran Sala le dio la razón. Admitió que cada Estado miembro decide quiénes son sus nacionales, pero afirmó que esa competencia debe ejercerse respetando el Derecho de la Unión, porque la ciudadanía europea descansa en una «relación especial de solidaridad y de lealtad» entre el Estado y sus nacionales y en la confianza mutua entre Estados miembros^[1]. Un procedimiento de naturalización que, en esencia, es una transacción, en la que se concede la nacionalidad a cambio de pagos o inversiones predeterminados, equivale a mercantilizar la condición de nacional y, por tanto, la ciudadanía de la UE^[1][2]. Los comentaristas señalan que el Tribunal basó su razonamiento en el carácter transaccional del programa y no en una prueba estricta de «vínculo real»^[14].

Lo que la sentencia no hizo

La sentencia declara que Malta incumplió sus obligaciones derivadas de los Tratados. No anuló naturalizaciones individuales ni ordenó a Malta retirar los pasaportes ya expedidos^[12][14]. Una sentencia de la Gran Sala en un procedimiento por incumplimiento no admite recurso; Malta fue condenada en costas^[1]. Fue la respuesta legislativa, y no la sentencia en sí, la que puso fin formalmente al programa.

Solicitudes MEIN pendientes

Muchas webs de agentes siguen describiendo los expedientes pendientes como «en el limbo» o tramitados «caso por caso»^[12][13]. El texto legal es más claro. El artículo 27, apartado 4, de la Ley reformada establece que la Ley XXI de 2025 no se aplica a las solicitudes del artículo 10, apartado 9, presentadas antes de su entrada en vigor, pero lo hace expresamente «sin perjuicio de lo que disponga cualquier reglamento»^[5]. La disposición transitoria del L.N. 159 de 2025 indica después que las solicitudes presentadas al amparo de la Parte IV (las normas del MEIN) «que no hubieran sido aprobadas para la naturalización por el ministro conforme a dicha Parte IV antes del 29 de abril de 2025 dejarán de surtir efecto»^[7]. En la práctica, un inversor que no tenía la aprobación ministerial en la fecha de la sentencia ya no tiene ninguna solicitud en curso.

Las modificaciones publicadas que hemos revisado no aclaran si se puede recuperar alguna parte de los depósitos o tasas ya abonados. Con las normas de 2020, el depósito de 10.000 € y las tasas de diligencia debida eran expresamente no reembolsables^[8]. Los antiguos solicitantes deberían consultar con un abogado maltés cualquier posible reclamación contra el Estado o contra su proveedor de servicios.

Quienes ya tienen la ciudadanía maltesa por el MEIN o el IIP

La misma disposición transitoria establece que la adquisición, privación o conservación de la ciudadanía regulada por la ley vigente antes de las reformas «seguirá rigiéndose por dicha ley y seguirá siendo válida» con arreglo a ella^[7]. Por tanto, la ciudadanía ya concedida se mantiene, y sus titulares siguen sujetos a las obligaciones que aceptaron al naturalizarse^[11]. Como cualquier ciudadano naturalizado, pueden perder la ciudadanía en virtud del artículo 14 de la Ley, por ejemplo por fraude, declaraciones falsas u ocultación de un hecho relevante, o por una condena de prisión de 12 meses o más dentro de los siete años siguientes a la naturalización^[5].

Desaparecida la vía de inversión, a un extranjero le quedan cuatro caminos realistas para hacerse maltés. Todos exigen vínculos reales con Malta.

1. Naturalización ordinaria (artículo 10, apartado 1)

Un adulto puede solicitarla tras haber vivido en Malta durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud y al menos cuatro años en total durante los seis años previos, lo que en la práctica equivale a cinco años de residencia en un plazo de siete^[5]. El solicitante debe tener un conocimiento adecuado del maltés o del inglés, buena conducta y ser un «ciudadano idóneo de Malta», y debe prestar juramento de lealtad^[5]. El ministro tiene discrecionalidad: una solicitud que cumpla el requisito de residencia puede ser denegada igualmente, sin necesidad de motivación^[16].

2. Ciudadanía por mérito (artículo 10, apartado 9)

Para personas de trayectoria o aportación excepcional: véase el procedimiento más abajo. No hay un precio publicado, pero sí tasas administrativas no reembolsables fijadas por la Community Malta Agency, un requisito de vivienda y al menos ocho meses de residencia antes de la solicitud formal^[6].

3. Matrimonio con un ciudadano maltés

El cónyuge extranjero puede inscribirse como ciudadano tras cinco años de matrimonio y convivencia, sujeto a controles de interés público^[5][16].

4. Ascendencia

Los hijos y determinados descendientes de ciudadanos malteses, así como los descendientes de personas nacidas en Malta, pueden inscribirse o naturalizarse en virtud de los artículos 5 y 10, apartados 2 a 4, y disposiciones conexas^[5][16].

El procedimiento del S.L. 188.06, en la redacción dada por el L.N. 159 de 2025^[6][7]:

Pueden incluirse dependientes: el cónyuge o la pareja en una relación equivalente, los hijos menores de 18 años, los hijos solteros de 18 a 28 años que dependan total o principalmente del solicitante principal y los hijos adultos dependientes con discapacidad^[6]. A diferencia del antiguo baremo del MEIN, no hay un precio publicado por dependiente. En la naturalización ordinaria, cada adulto solicita con su propio historial de residencia; los hijos menores pueden naturalizarse mediante la solicitud de uno de los progenitores^[5].

No se publica ningún plazo oficial de tramitación para la vía por mérito. Exige dos rondas de diligencia debida y de revisión de la Junta, y al menos ocho meses de residencia antes de la solicitud formal, así que en la práctica tarda bastante más de un año; aun así, no hemos encontrado ninguna estimación publicada fiable y ninguna de las fuentes consultadas la ofrece. La naturalización ordinaria requiere al menos cinco años de residencia computable más un periodo de tramitación que el Gobierno no publica. Como referencia, los expedientes MEIN solían exigir 12 o 36 meses de residencia más la tramitación^[8].

Si lo que buscaba en Malta era una base segura en la UE, viajar por el espacio Schengen y la residencia para su familia, el programa de residencia permanente de Malta sigue abierto. La Residency Malta Agency enumera estos requisitos^[9]:

• Tasa administrativa: 60.000 € (no reembolsable)
• Contribución al Gobierno: 37.000 €, igual para la opción de compra y la de alquiler
• 7.500 € por cada dependiente adulto (hijo soltero dependiente de 18 a 28 años, o progenitor o abuelo dependiente); el cónyuge y los hijos menores no pagan nada más allá de la tarjeta de residencia
• Vivienda: compra de al menos 375.000 € o alquiler de al menos 14.000 € al año, mantenida durante cinco años
• Patrimonio de al menos 500.000 € (de los cuales 150.000 € en activos financieros) o de 650.000 € (de los cuales 75.000 € financieros)
• Donación de 2.000 € a una ONG maltesa registrada
• Tasa de la tarjeta de residencia: 500 € por persona para cinco años

Así, el desembolso mínimo del MPRP, con la opción de alquiler, ronda los 169.500 € para un solicitante individual a lo largo de cinco años (99.000 € en tasas y donación, 70.000 € de alquiler mínimo y una tarjeta de 500 €), o unos 171.000 € para una pareja con dos hijos menores, además de acreditar el patrimonio exigido^[9]. El MPRP no conduce por sí solo al pasaporte. Los titulares del permiso que se trasladen de verdad a Malta y vivan allí pueden computar esa residencia para la naturalización ordinaria, pero como el MPRP no tiene requisito de estancia mínima, el tiempo pasado fuera no cuenta.

La ciudadanía por sí sola no le convierte en residente fiscal en Malta. El impuesto sobre la renta maltés depende de la residencia y del domicilio. Los residentes no domiciliados en Malta tributan, a grandes rasgos, por las rentas de fuente maltesa y por las rentas extranjeras remitidas a Malta, motivo por el que muchos titulares del MPRP mantienen sus ingresos extranjeros fuera del país^[17]. Malta no tiene impuesto sobre el patrimonio ni impuesto de sucesiones como tales, aunque sí se aplica un impuesto (duty) a las transmisiones de inmuebles y participaciones malteses^[17]. Antes de mudarse, asesórese sobre cómo grava su país actual a quienes dejan de ser residentes y sobre si algún régimen especial de residencia maltés encaja con sus ingresos.

Los inversores que venían a Malta en busca de un segundo pasaporte suelen elegir ahora entre un permiso de residencia en la UE que podría llevar a la ciudadanía tras años de residencia real y un pasaporte caribeño que se obtiene en meses. Las cifras proceden de nuestras guías de cada programa, donde están verificadas y con sus fuentes.

Residencia en la UE en lugar de pasaporte europeo

• Golden visa Malta (MPRP): residencia permanente desde el primer día, desde unos 99.000 € en tasas más una vivienda de 375.000 € o un alquiler de 14.000 € al año.
• Golden visa Portugal (permiso de residencia por inversión): 500.000 € en un fondo cualificado; estancia mínima reducida, aunque Portugal amplió el plazo de naturalización a 10 años para la mayoría de nacionalidades a partir del 19 de mayo de 2026 (consulte nuestra guía sobre la nacionalidad portuguesa).
• Golden visa Grecia (residencia por inversión): desde 250.000 € para inmuebles comerciales reconvertidos, 400.000 € en la mayoría de regiones y 800.000 € en el Ática y las islas principales; no exige estancia para renovar, pero la naturalización requiere residencia real (vea la ciudadanía griega).
• Residencia permanente en Chipre por 300.000 € más la acreditación de ingresos, una opción cercana para quien valoraba el clima de Malta y su cultura empresarial en inglés.

Ciudadanía en meses: el Caribe

• Ciudadanía por inversión en San Cristóbal y Nieves mediante donación desde US$250.000, el programa más antiguo.
• Ciudadanía por inversión en Granada desde US$235.000, con acceso al visado E-2 de inversor por tratado de Estados Unidos.
• Ciudadanía de Dominica y ciudadanía de Antigua y Barbuda desde unos US$200.000–230.000, aunque ambas sufren restricciones parciales de visado de EE. UU. desde el 1 de enero de 2026.

Los pasaportes caribeños permiten viajar sin visado al espacio Schengen, pero no dan derecho a vivir en la UE, y Bruselas está presionando a estos Estados por sus programas; lea nuestro análisis sobre el riesgo de perder la exención de visado UE para los pasaportes caribeños antes de comprometerse.

Ciudadanía europea para grandes inversores

La ciudadanía discrecional de Austria, regulada en el artículo 10, apartado 6, de su Ley de Ciudadanía, es la única vía de la UE que sigue ligada a una aportación económica. No tiene precio legal y está reservada a inversiones muy grandes que creen empleo. Nuestro repaso de los pasaportes europeos por inversión compara todas las opciones en Europa, y la lista de programas cerrados sigue el caso de Malta junto a Chipre, Montenegro y Bulgaria.

Malta sigue teniendo sentido para familias que quieren una base anglófona en la UE con residencia permanente desde el principio y están dispuestas a vivir allí de verdad si más adelante desean el pasaporte; para fundadores, investigadores, deportistas y filántropos cuya trayectoria pueda superar de verdad el listón de lo «excepcional»; y para cónyuges y descendientes de ciudadanos malteses.

Busque en otra parte si su objetivo principal es un segundo pasaporte en dos o tres años sin mudarse. Ningún Estado de la UE vende ya la ciudadanía, así que la elección realista es un pasaporte caribeño si prima la rapidez, o un permiso de residencia en la UE si busca derechos europeos a largo plazo. Nuestra guía de las vías más rápidas de la residencia a la ciudadanía y nuestra comparativa entre comprar la ciudadanía o la residencia explican las ventajas y renuncias de cada opción, y el índice de programas de ciudadanía por inversión recoge todas las opciones vigentes por presupuesto.