Ciudadanía por inversión en Antigua y Barbuda: guía 2026

Antigua y Barbuda creó su programa en 2013 al amparo de la Citizenship by Investment Act. La Unidad de Ciudadanía por Inversión (CIU) publica las opciones de inversión, el baremo de tasas y los formularios, y concede licencia a los agentes locales que deben presentar cada solicitud. Normalmente un representante autorizado en el extranjero prepara el expediente y un agente antiguano con licencia lo entrega en persona junto con los primeros pagos^[1][8].

Los solicitantes aprobados reciben un certificado de registro como ciudadanos y, después, el pasaporte de Antigua y Barbuda. El país no exige renunciar a la nacionalidad anterior. Antigua es uno de los cinco Estados que firmaron en septiembre de 2025 el Acuerdo de la Autoridad Reguladora de la Ciudadanía por Inversión del Caribe Oriental (ECCIRA): Antigua y Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves el 18 de septiembre, Santa Lucía el 22 y Granada el 23^[10][26]. El acuerdo fija normas comunes de diligencia debida, entrevistas, residencia y renovación del pasaporte, y en Antigua se incorporó como Ley n.º 18 de 2025^[10]. Entra en vigor 30 días después de la quinta ratificación y el regulador regional aún no funciona: el 28 de septiembre de 2026 la CIU de San Cristóbal y Nieves indicó que el marco regional solo surtirá efecto cuando la Autoridad esté operativa y todos los Estados acuerden una fecha de inicio^[32]. Para comparar precios y movilidad en la región, consulte nuestra comparativa de la ciudadanía caribeña por inversión.

La opción NDF es la más barata y la más utilizada: un pago único y no reembolsable de 230.000 USD por solicitud. La CIU indica que el solicitante principal puede incluir a su cónyuge, a los hijos dependientes y a los padres dependientes mayores de 55 años «sin necesidad de aportación adicional al NDF»^[3]. Las tasas de tramitación sí aumentan con el tamaño de la familia (véase la tabla de costes).

La opción del Fondo UWI financia el campus Five Islands de la Universidad de las Indias Occidentales en Antigua. Cuesta 260.000 USD con las tasas de tramitación incluidas, y la CIU exige un mínimo de seis personas por solicitud; cada dependiente a partir del séptimo suma 10.000 USD de tramitación. Un miembro de la familia recibe una beca de un año que cubre solo la matrícula^[4]. Para una familia de seis, el NDF cuesta 230.000 USD más 40.000 USD de tramitación (270.000 USD), por lo que la UWI ahorra 10.000 USD, y la diferencia se mantiene en familias más numerosas.

Ambas donaciones se pagan en los 30 días siguientes a la carta de aprobación. Al presentar la solicitud se abonan íntegras las tasas de diligencia debida (más el 10 % de la tasa de tramitación en la vía NDF), de modo que si la solicitud se deniega nunca se paga la donación, pero las tasas de diligencia debida no se devuelven^[3][4].

Hay que comprar un inmueble de al menos 300.000 USD en una promoción aprobada por la CIU, firmando un contrato de compraventa vinculante condicionado a la aprobación. El precio íntegro se paga tras la aprobación para poder inscribir la titularidad, y la propiedad no puede revenderse durante cinco años salvo para pasar a otro inmueble aprobado^[5]. Se admite la titularidad a través de una sociedad local si el solicitante posee todas las acciones y la sociedad no es una entidad exenta u offshore^[5]. Henley & Partners afirma que dos solicitantes pueden comprar conjuntamente si cada uno invierte al menos 300.000 USD^[21]; la web de la CIU no lo menciona, así que confírmelo antes de firmar.

Hay tres aspectos prácticos. Los precios de los proyectos aprobados los fijan los promotores y suelen superar los de mercado, por lo que la reventa a los cinco años suele hacerse con descuento. El comprador paga normalmente un 2,5 % de impuesto de timbre y, como no ciudadano, una licencia de tenencia de tierras para extranjeros de alrededor del 5 %; el vendedor paga un 7,5 % de timbre^[22][27]. El reparto de estos costes en las promociones del programa varía. Por último, muchos proyectos venden participaciones fraccionadas o unidades hoteleras con una rentabilidad prometida: revise las condiciones de esa rentabilidad y la trayectoria del promotor.

Puede invertir al menos 1,5 millones de USD en una empresa aprobada por el Consejo de Ministros, en solitario, o sumarse a una inversión conjunta de al menos 5 millones de USD entre dos o más personas, con un mínimo de 400.000 USD cada una^[6]. Los fondos se transfieren en los 30 días siguientes a la aprobación, en condiciones de depósito en garantía (escrow) negociadas caso por caso, y las tasas de tramitación siguen el baremo familiar. La web de la CIU no fija objetivos de empleo ni periodo de mantenimiento. Los proyectos aprobados son escasos, así que conviene tratarlo como una inversión de capital privado, con la diligencia debida correspondiente.

El solicitante principal debe tener al menos 18 años, buena conducta y buena salud, y acreditar el origen lícito de los fondos. El expediente incluye los formularios AB1 a AB5 (solicitud, certificado de foto y firma, certificado médico, confirmación de la inversión y formulario del agente), certificados de antecedentes penales, documentos civiles compulsados y los formularios de pasaporte^[8]. Los solicitantes de 16 años o más que hayan vivido en Canadá más de seis meses deben aportar una verificación dactilar de la RCMP (RTID)^[9].

Nacionalidades restringidas

Los nacionales de Afganistán, Irán, Corea del Norte, Somalia, Yemen y Sudán solo pueden solicitarla si salieron de su país siendo menores y/o llevan al menos 10 años con residencia permanente en otro lugar, sin vínculos económicos con un país restringido^[9]. Los nacionales de Rusia y Bielorrusia no figuran en esa lista publicada, pero el Gobierno suspendió sus solicitudes a partir del 31 de marzo de 2023 y desde entonces no se ha informado de ninguna reapertura^[37]. Antigua se ha comprometido además a excluir a cualquier persona sujeta a sanciones de la UE^[18].

Entrevistas e integración

La CIU indica que puede exigirse una entrevista^[8]. Con ECCIRA, la entrevista (presencial o por videollamada segura) es obligatoria para el solicitante principal y los dependientes de 18 años o más, y para los de 12 años o más señalados en la diligencia debida. Los nuevos ciudadanos se comprometen también a seguir un programa de integración que puede incluir educación cívica^[10]. Henley & Partners informa de entrevistas virtuales para todos los mayores de 16 años^[21].

Requisito de residencia: ¿5 días o 30 días?

La norma original exigía cinco días en Antigua durante los cinco primeros años tras obtener la ciudadanía^[21]. ECCIRA la sustituye por un total de 30 días en los cinco primeros años naturales tras la concesión. Cada miembro de la familia debe estar presente al menos cinco días en los primeros 12 meses, los días restantes pueden repartirse entre la familia y un día en que coincidan varios miembros cuenta una sola vez^[10]. Antigua aprobó el Acuerdo ECCIRA como Ley n.º 18 de 2025^[10]; el Gobierno afirma que la regla de 30 días ya se aplica por vía administrativa, y el proyecto de reforma de julio de 2026 adapta a ella la ley de 2013^[16][17]. Planifique con 30 días.

Con ECCIRA, los primeros pasaportes valen cinco años y solo se renuevan por diez cuando la CIU certifica que se ha cumplido la estancia. Incumplirla sin causa justificada puede dar lugar a un procedimiento de revocación^[10].

Antigua tiene una de las definiciones de dependiente más amplias de la región. La CIU admite^[7]:

• al cónyuge del solicitante principal;
• a los hijos económicamente dependientes de 0 a 30 años, y a los hijos de 18 años o más con discapacidad que convivan con el solicitante y dependan totalmente de él;
• a los padres o abuelos económicamente dependientes del solicitante o de su cónyuge de 55 años o más;
• a los hermanos solteros del solicitante o de su cónyuge.

Se pueden añadir familiares después de obtener la ciudadanía, a un precio mayor: 10.000 USD por un hijo menor de 6 años, 25.000 USD por un hijo de 6 a 17 años y 50.000 USD por un dependiente de 18 años o más o un futuro cónyuge, más las tasas de diligencia debida y de pasaporte^[2][7].

Como la aportación al NDF no varía con el tamaño de la familia y una familia de cuatro paga la misma tasa de tramitación de 20.000 USD que una pareja, el coste por persona baja deprisa en los hogares numerosos^[3]. Compare el precio por dependiente en nuestra guía de la ciudadanía por inversión en San Cristóbal y Nieves y en la página de la ciudadanía por inversión en Dominica.

Todas las solicitudes pasan por un agente antiguano con licencia^[8]. La secuencia sigue el proceso y el calendario de pagos publicados por la CIU.

La ciudadanía por sí sola no le convierte en residente fiscal en Antigua; su situación fiscal depende de dónde viva realmente. Para quien sí se traslada, Antigua suprimió el impuesto sobre la renta de las personas físicas en 2016 y no grava las plusvalías, las herencias ni el patrimonio. El impuesto anual sobre bienes inmuebles ronda el 0,1 %–0,5 % del valor catastral, y el consumo tributa mediante el impuesto sobre las ventas (ABST)^[22].

Los ciudadanos estadounidenses y titulares de green card siguen tributando en EE. UU. por su renta mundial, y muchos países de residencia aplican normas de transparencia fiscal internacional, impuestos de salida u obligaciones informativas que un segundo pasaporte no modifica. Con ECCIRA, los solicitantes presentan además una declaración de residencia fiscal y de cumplimiento tributario^[10], y los bancos que informan conforme al Estándar Común de Comunicación de Información (CRS) de la OCDE pueden preguntarle por sus otras residencias.

El pasaporte de Antigua y Barbuda da acceso sin visado, con visado a la llegada o con autorización electrónica a 154 destinos según el Henley Passport Index 2026 (datos de Henley actualizados el 7 de septiembre de 2026), entre ellos el espacio Schengen, Hong Kong y Singapur; el Reino Unido exige una autorización electrónica de viaje^[23]. Las cifras de más de 160 que dan algunos agentes usan otros métodos de cómputo. Canadá exige visado a los antiguanos desde junio de 2017^[12].

Estados Unidos: qué abarcan las restricciones de 2026

La sección 5(b) de la proclamación del 16 de diciembre de 2025 afirma que Antigua y Barbuda «ha tenido históricamente CBI sin residencia» y suspende desde el 1 de enero de 2026 la entrada de sus nacionales como inmigrantes y con visados B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J. Quedan exentos los residentes permanentes legales, los binacionales que viajen con el pasaporte de un país no designado, los visados diplomáticos y los visados expedidos antes de esa fecha. El secretario de Estado informa sobre las restricciones cada 180 días^[11]. Washington aceptó además respetar los visados válidos a 31 de diciembre de 2025^[13]. En febrero de 2026 la validez de los nuevos visados B-1/B-2, F, J, L y R para antiguanos se redujo a tres meses y una sola entrada^[14]. Antigua y Barbuda figura también en la lista de fianzas de visado desde el 21 de enero de 2026 (fianzas de 5.000–15.000 USD en el piloto); el programa permanente publicado el 3 de agosto de 2026 fija fianzas de 10.000, 15.000 o 20.000 USD para cualquier visado B-1/B-2 que aún pueda expedirse^[31][30]. Antigua estaba asimismo en la pausa de visados de inmigrante para 75 países del 21 de enero de 2026, que un tribunal anuló el 21 de agosto de 2026; esa sentencia no levanta la suspensión de visados de inmigrante de la proclamación^[33][34]. En agosto de 2026 el primer ministro Gaston Browne pidió al presidente Trump una revisión, alegando las normas de residencia más estrictas y la cooperación biométrica con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.^[15]. A 2 de octubre de 2026 las restricciones siguen vigentes.

Un nuevo ciudadano que tenga también un pasaporte de un país no designado puede seguir viajando a EE. UU. con ese pasaporte. Quien pensara usar el pasaporte antiguano para visitar, estudiar o emigrar a EE. UU. no obtendrá esa ventaja.

Unión Europea: petición de cierre y respuesta de Antigua

El Reglamento (UE) 2025/2441, adoptado el 26 de noviembre de 2025 y en vigor desde el 30 de diciembre de 2025, convierte la gestión de un programa de CBI en motivo para suspender la exención de visado^[28]. El 8.º informe de la Comisión sobre el mecanismo de suspensión de visados (COM(2025) 792, 19 de diciembre de 2025) estimó que los cinco programas del Caribe oriental habían expedido unos 107.000 pasaportes y situó la tasa de denegación de Antigua y Barbuda en 2024 en el 1,7 %^[35]. El 25 de junio de 2026 el comisario Magnus Brunner escribió a Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía pidiéndoles que eliminaran sus programas antes del 1 de junio de 2028, con salvaguardias provisionales para septiembre de 2026^[29]. El 6 de julio Antigua rechazó «una eliminación unilateral» y exigió que cualquier transición incluyera «ayuda tangible de la UE para generar ingresos sustitutivos equivalentes»^[18]. Browne y el primer ministro de Santa Lucía se reunieron con Brunner en Nueva York el 24 de septiembre de 2026, sin que se anunciara ningún cambio en el plazo de 2028^[19]. Tres días después Browne dijo que el Gobierno necesitaba «más información para tomar una decisión inteligente», anunció conversaciones técnicas en octubre y planteó una transición de 2,5 a 3 años si se acordaba el cierre^[20]. Nuestro análisis sobre el futuro del pasaporte caribeño sin visado Schengen recorre los escenarios.

Se trata de ciudadanía directa, no de residencia: no hay permiso provisional ni periodo de naturalización. La ciudadanía se concede una vez realizada la inversión, y Antigua permite la doble y múltiple nacionalidad, con sujeción a las normas de su país de origen. Puede revocarse por fraude y, con ECCIRA, por incumplir sin causa justificada la estancia de 30 días.

Para los lectores españoles: el artículo 24 del Código Civil prevé la pérdida de la nacionalidad española de los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad, una vez transcurridos tres años, salvo que declaren ante el Registro Civil su voluntad de conservarla dentro de ese plazo; Antigua y Barbuda no figura entre los países (iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal) cuya nacionalidad no produce esa pérdida^[36]. Los lectores latinoamericanos deben consultar la normativa de su propio país.

Si duda entre un pasaporte y un permiso de residencia en una jurisdicción más sólida, nuestra guía ciudadanía por inversión vs golden visa compara ambas opciones.

Encaja bien: familias numerosas (sobre todo con hijos adultos de hasta 30 años o padres mayores de 55) que buscan una ciudadanía de respaldo (plan B) con un coste por persona bajo; inversores que ya tienen un pasaporte aceptado en EE. UU. y valoran el acceso a Schengen, el Reino Unido y la Commonwealth; y personas que pueden pasar unas semanas en Antigua a lo largo de cinco años.

Busque otra opción si: su objetivo principal es viajar con más facilidad a EE. UU.; necesita un acceso a Schengen que dure una década o más, dado el calendario de 2028 de la UE; es un solicitante individual que busca el precio más bajo; o no puede viajar al Caribe los días exigidos.

• Ciudadanía por inversión en San Cristóbal y Nieves: el programa más antiguo de la región, más caro y no citado en la proclamación estadounidense de 2026.
• Ciudadanía por inversión en Granada: da acceso al visado de inversor por tratado E-2 de EE. UU., aunque ha recibido la misma carta de la UE.
• Pasaporte de Santa Lucía por inversión: precios similares y no citado en la proclamación estadounidense.
• Ciudadanía de Dominica por donación: sujeta a las mismas restricciones de EE. UU.; útil como referencia de precio.
• Ciudadanía de Turquía por compra de propiedad: un desembolso mayor, al margen del debate europeo sobre el Caribe.
• Ciudadanía por inversión en Vanuatu y el nuevo programa de Nauru: opciones del Pacífico con sus propias salvedades de viaje.

Si le conviene más una residencia que un pasaporte, vea la golden visa de Barbados y la golden visa de Panamá (visa de Inversionista Calificado). Nuestro ranking de la ciudadanía por inversión más barata y el directorio completo de ciudadanía por inversión recogen todas las opciones vigentes.