Ciudadanía por inversión en San Vicente y las Granadinas: estado del lanzamiento, requisitos y coste previsto

San Vicente y las Granadinas es el único miembro independiente de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) sin programa de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés). Durante más de dos décadas, el Gobierno del Partido Laborista Unido (ULP) de Ralph Gonsalves se negó a vender la ciudadanía. El Nuevo Partido Democrático (NDP) incluyó un programa en su plataforma y, tras ganar las elecciones generales de noviembre de 2025, el primer ministro Godwin Friday anunció a finales de diciembre de 2025 que el país lanzaría uno en 2026. Argumentó que el Estado «no puede endeudarse mucho más» y que llegar tarde le permite copiar las mejores prácticas de la región^[5].

Su primer discurso de presupuestos, el 9 de febrero de 2026, fijó los principios de diseño^[4]:

• Calendario: lanzamiento «para mediados de 2026».
• Destino del dinero: todos los ingresos irán al SVGIF, un fondo que se creará por ley y se destinará «exclusivamente» a infraestructuras resilientes al clima, sanidad, educación, formación profesional, reducción de la deuda y reservas para catástrofes.
• Controles: «diligencia debida continua durante toda la vida de la ciudadanía» y verificaciones de antecedentes en varias capas.
• Vínculo real: requisitos de residencia. Los cinco programas existentes del Caribe Oriental no acordaron un mínimo común de 30 días hasta 2025.
• Volumen: «No competiremos en volumen. No renunciaremos a los estándares».

Friday también ha prometido un cortafuegos entre el programa y los políticos, sin injerencia ministerial y con publicación de los ingresos. Lo ha vinculado a la deuda pública, que se sitúa en torno al 113 % del PIB^[7]. Los agentes describen el plan como una «estrategia soberana de movilización de capital» con un umbral mínimo de inversión obligatorio^[6].

Quién lo gestionará y con qué ley

Todavía no existe base jurídica. La Ley de Ciudadanía (Citizenship Act) solo contempla el registro y la naturalización, y la página de ciudadanía de la Oficina del Primer Ministro presenta la vía de inversión como «próximamente»^[1]. El registro oficial solo muestra preparativos. Un instrumento del gobernador general publicado en la Gaceta del 21 de julio de 2026 incluye los «Citizenship by Investment Programmes» entre las materias de la cartera del primer ministro, junto a ciudadanía, residencia y licencias de propiedad de tierras para extranjeros. Las dos leyes sancionadas en ese número no tienen relación con el programa^[2]. Los Presupuestos de 2026 crean el Programa 118, «Citizen Investment Programme», en la Oficina del Primer Ministro, sin dotación, y el Ministerio de Asuntos Exteriores cita «un programa CBI de primer nivel» entre sus prioridades estratégicas^[3].

Antes de que nadie pueda solicitarla, el país necesita una ley habilitante o una reforma de la Ley de Ciudadanía, una ley que cree el SVGIF, un reglamento con precios y tasas, una unidad con personal, agentes locales autorizados y contratos de diligencia debida. Nada de ello se había publicado a 2 de octubre de 2026^[10][11].

El Gobierno no ha explicado el retraso, pero se aprecian tres factores. Primero, el paquete legislativo es mayor que un solo proyecto: un programa nuevo necesita una ley de ciudadanía por inversión, un estatuto para el SVGIF y un reglamento detallado. Segundo, el contexto cambió radicalmente tras el anuncio. El 25 de junio de 2026 el comisario europeo Magnus Brunner escribió a Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía para pedirles que pongan fin a sus programas antes del 1 de junio de 2028 o se arriesguen a perder la exención de visado Schengen^[14]. Friday dijo que el Gobierno «diseñará nuestro programa teniendo eso en cuenta»^[8]. Tercero, el Gobierno ha estado absorbido por las peticiones electorales que impugnan la elegibilidad del primer ministro y del ministro de Asuntos Exteriores para ocupar su escaño, y por los proyectos de reforma constitucional relacionados que se describen a continuación.

Algunos medios del sector vinculan el retraso del programa CBI a los proyectos de reforma constitucional sobre «ciudadanía» aplazados en julio de 2026. Es otra cuestión. El Representation of the People (Amendment) Bill 2026 y el Constitution (Amendment) Bill 2026 regulan si los parlamentarios con doble nacionalidad pueden ocupar escaño en la Cámara. Responden a las peticiones electorales contra el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores por su ciudadanía canadiense. Harían que la ciudadanía de otro país de la Commonwealth, como Canadá, dejara de contar como lealtad a una «potencia o Estado extranjero», con efecto retroactivo a 1979^[28]. Se incluyeron en el orden del día del 21 de abril de 2026 pero no se presentaron, y volvieron a figurar para primera lectura el 2 de julio de 2026, cuando se aplazaron de nuevo^[9]. No crean ninguna vía de inversión. El único vínculo con el programa CBI es político: la oposición sostiene que el cambio podría permitir que quienes obtengan el pasaporte a través de un futuro programa lleguen al Parlamento^[28].

Solo se han anunciado principios. Cada punto indica su grado de firmeza.

Anunciado por el Gobierno

• Una inversión mínima («umbral de inversión»), sin importe declarado^[4][6].
• Un requisito de residencia, sin duración declarada^[4].
• Diligencia debida continua durante toda la vida de la ciudadanía, de modo que un ciudadano podría ser examinado de nuevo después de la aprobación^[4].
• Verificaciones de antecedentes en varias capas y rechazo de los solicitantes contrarios al interés nacional^[4][7].

Probable según la práctica regional (sin confirmar)

• Solicitante principal de 18 años o más, sin antecedentes penales en ninguno de sus países de residencia.
• Origen de los fondos y del patrimonio documentado y verificado por firmas internacionales de diligencia debida.
• Una entrevista, ya obligatoria para los solicitantes principales en la mayoría de los programas vecinos.
• Solicitudes presentadas solo a través de agentes locales autorizados por el Gobierno.
• Restricciones por nacionalidad, como la exclusión de personas sancionadas por la UE o la ONU, algo que la UE ha exigido a los otros cinco Estados.

Considere especulación cualquier lista detallada que vea en internet hasta que el reglamento se publique en la Gaceta. Si San Vicente quiere esquivar el nuevo motivo de suspensión de la UE, su requisito de residencia tendrá que crear algo parecido a un «vínculo real», lo que podría suponer mucho más que la regla de 30 días aplicada en otros países^[13].

La vía de donación, si llega, consistiría en una aportación no reembolsable al SVGIF. El primer ministro describió el fondo como un vehículo creado por ley que mantiene el dinero fuera del gasto corriente y de la discrecionalidad política. Solo financiaría resiliencia climática, sanidad, educación, formación, reducción de la deuda y reservas para catástrofes^[4]. En otras ocasiones ha añadido como sectores prioritarios la agricultura, el turismo, la tecnología y la economía azul^[7].

No se ha fijado importe de aportación, precio por familia ni tasas. Los cinco programas existentes acordaron un mínimo común de 200.000 USD a partir de 2024. Sus vías de donación parten hoy de 200.000 USD (Dominica), 230.000 USD (Antigua y Barbuda), 235.000 USD (Granada), 240.000 USD (Santa Lucía) y 250.000 USD (San Cristóbal y Nieves)^[24][25][26]. Es poco probable que un recién llegado que presume de calidad frente a volumen rebaje esa franja, pero se trata de una deducción nuestra, no de una declaración del Gobierno.

Los extranjeros que compran tierras hoy necesitan una licencia de propiedad para extranjeros (Alien’s Land-Holding Licence), que se solicita a través de un abogado local. La Oficina del Primer Ministro indica una tasa de solicitud de 2.500 EC$ (unos 925 USD al tipo fijo de 2,70 EC$ por dólar estadounidense), más una tasa de licencia y un impuesto de timbre que dependen del valor del inmueble^[1]. Los agentes señalan un impuesto de timbre para el comprador de alrededor del 5 % y honorarios legales del 1–2 % del precio. También mencionan un impuesto anual sobre la propiedad bajo para particulares y plazos de aprobación de la licencia de tres a cuatro meses^[23]. Algunas fuentes citan tasas de licencia de hasta el 10 % del valor, que no hemos podido confirmar en una tabla oficial. Se desconoce si una futura vía inmobiliaria del programa eximirá de la licencia, como hacen los programas vecinos con los proyectos aprobados.

El Gobierno no ha dicho a quién se podrá incluir ni cuánto costarán los dependientes. En los cinco programas existentes, el cónyuge y los hijos son lo habitual; los hijos adultos suelen aceptarse hasta los 25–30 años si dependen económicamente, y los padres a partir de los 55 años (o a cualquier edad en algunos casos). Algunos programas aceptan también a hermanos solteros. Los precios por donación suelen cubrir una familia de hasta cuatro miembros, con un cargo aparte por cada dependiente adicional (en Santa Lucía, 10.000 USD si es menor de 18 años y 20.000 USD a partir de 18), y los dependientes pagan diligencia debida a partir de los 12 años en Antigua y de los 16 en Santa Lucía^[25][26]. Nuestra comparativa de pasaportes caribeños por inversión recoge estas normas familiares país por país.

Dos rasgos de San Vicente podrían encarecer el programa para las familias respecto a otros países. El requisito de residencia podría aplicarse a cada adulto, no solo al solicitante principal. Y la diligencia debida continua podría implicar tasas periódicas de nueva verificación. Ninguno de los dos está confirmado.

Todavía no existe procedimiento. Los pasos siguientes reproducen el modelo que usan todos los programas del Caribe Oriental, más los rasgos anunciados por San Vicente. Hoy solo es posible el primero.

Los cinco programas existentes firmaron en septiembre de 2025 el Acuerdo de la Autoridad Reguladora de la Ciudadanía por Inversión del Caribe Oriental (ECCIRA). San Vicente no es Estado participante: el anexo del acuerdo solo enumera Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, y el artículo 97 permite que otro Estado se adhiera más adelante^[12]. Esos cinco Estados acordaron un mínimo común de 30 días de presencia física en los cinco primeros años tras obtener la ciudadanía, que cada uno incorpora a su legislación a su ritmo. Nuestra comparativa de los programas CBI del Caribe sigue en qué punto está cada uno.

San Vicente ha prometido un requisito de residencia como pilar del programa, y los observadores esperan que sea más estricto que el mínimo de 30 días^[10]. No se ha publicado nada sobre el número de días, si se aplica antes o después de la ciudadanía ni qué ocurre si un ciudadano lo incumple. Esto le afecta directamente: una regla de varios meses al año encajaría con quien se traslada al Caribe, pero no con un inversor que busca un pasaporte de reserva sin mudarse.

El pasaporte de San Vicente y las Granadinas da acceso a 157 destinos sin visado previo según el Henley Passport Index (121 sin visado, 28 con visado a la llegada y 8 con autorización electrónica de viaje)^[17]. Empata con San Cristóbal y Nieves como el más fuerte de los seis pasaportes del Caribe Oriental. Incluye:

• Espacio Schengen: sin visado durante 90 días en cualquier periodo de 180.
• Reino Unido: sin visado, con ETA. Irlanda, sin visado.
• Estados Unidos y Canadá: visado obligatorio.
• China, Japón, Australia y Nueva Zelanda: visado obligatorio.

Ese acceso se logró sin programa CBI, y un programa lo pone en riesgo. Desde el 30 de diciembre de 2025 la UE puede suspender la exención de visado a cualquier país que tenga un régimen de ciudadanía para inversores que conceda la nacionalidad sin vínculo real^[13]. Ahora pide a los cinco programas existentes que cierren antes de junio de 2028, y esos Estados solicitaron a finales de septiembre de 2026 más tiempo y claridad sobre las condiciones^[15]. Vanuatu perdió por etapas, a partir de 2022, la exención de visado Schengen por su programa. Lea nuestro análisis sobre la retirada de la exención de visado de la UE a los pasaportes caribeños antes de dar por hecho el acceso a Schengen con cualquier programa nuevo.

Estados Unidos es el otro riesgo. Su proclamación del 16 de diciembre de 2025 impuso restricciones parciales de visado a Antigua y Barbuda y a Dominica desde el 1 de enero de 2026, y señaló la ciudadanía por inversión como una vía para eludir las restricciones de viaje estadounidenses. San Vicente no fue mencionado^[16]. Un programa nuevo con controles débiles podría cambiar eso, y en parte por ello el Gobierno insiste en la diligencia debida.

La ciudadanía por sí sola no le convierte en residente fiscal en San Vicente. La residencia a efectos del impuesto sobre la renta suele exigir 183 días o más en un año natural. Los residentes tributan de forma progresiva por su renta mundial. Algunas fuentes indican que, para quienes no son residentes habituales, la renta extranjera solo tributa si se remite al país^[21][22]. Las tablas PAYE del Departamento de Hacienda (Inland Revenue Department), vigentes desde el 1 de enero de 2024, aplican una deducción estándar de 25.000 EC$ y tipos marginales del 10 %, 20 % y 28 %, el más alto de las tablas^[29]. Algunas fuentes secundarias aún citan tipos máximos antiguos del 30 % o más^[21][22]. El IRD publica un IVA del 16 % (11 % en alojamiento) y un impuesto anual sobre la propiedad^[20].

Las guías fiscales indican que no hay impuesto sobre las ganancias de capital, ni sobre sucesiones, ni sobre el patrimonio^[21][22]. Si el requisito de residencia resulta largo, compruebe si podría convertirle en residente fiscal. Una regla de pocas semanas no lo haría.

Mientras no se apruebe una ley CBI, las únicas vías para los extranjeros son el registro y la naturalización conforme a la Ley de Ciudadanía, que decide el Consejo de Ministros. Los ciudadanos de la Commonwealth que hayan vivido siete años en el país pueden registrarse. Los demás pueden naturalizarse tras nueve años en total de residencia o de servicio al Gobierno, incluidos los 12 meses anteriores a la solicitud, con buena conducta y un nivel de inglés suficiente^[19]. Los cónyuges de ciudadanos pueden registrarse por matrimonio. Las tasas son modestas: la Oficina del Primer Ministro indica una tasa de solicitud de 150 EC$ y una tasa de registro de 1.500–2.200 EC$, mientras que una tabla consular más antigua recoge 200 EC$, 2.000 EC$ (matrimonio) y 3.000 EC$ (registro)^[1][18]. San Vicente admite la doble nacionalidad desde su independencia^[19]. Para la mayoría de los inversores se trata de una vía de traslado a largo plazo, no de un producto de inversión.

Si usted es español, tenga en cuenta además el artículo 24 del Código Civil: quienes residan habitualmente en el extranjero y adquieran voluntariamente otra nacionalidad pierden la española si, en los tres años siguientes, no declaran ante el Registro Civil su voluntad de conservarla. San Vicente y las Granadinas no figura entre los países exentos de esa regla (los iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, más Francia en virtud del convenio de 2021)^[31]. Los lectores latinoamericanos deben revisar la normativa de su propio país.

• 9 de febrero: los presupuestos fijan el lanzamiento para mediados de 2026, con el SVGIF, un requisito de residencia y diligencia debida continua^[4].
• Marzo: los agentes señalan que los umbrales de inversión y las vías siguen sin publicarse^[6].
• 25 de junio: la UE escribe a los otros cinco Estados del Caribe Oriental con programa CBI para pedirles que los eliminen antes del 1 de junio de 2028, invocando las nuevas normas de suspensión de visados^[13][14].
• 2 de julio: se aplazan de nuevo los proyectos de reforma constitucional sobre la doble nacionalidad de los parlamentarios, ajenos al programa, que figuraron por primera vez en el orden del día del 21 de abril^[9][28].
• 21 de julio: la Gaceta publica un instrumento que encomienda la cartera del primer ministro, en la que figuran los «Citizenship by Investment Programmes», al vice primer ministro St Clair Leacock desde el 5 de julio mientras Friday está ausente; ninguna ley CBI^[2].
• 31 de julio: Friday afirma que no da marcha atrás y que diseñará el programa en función de las preocupaciones de la UE^[8].
• Septiembre: ni proyecto de ley en el orden del día, ni unidad, ni tasas; los países vecinos piden más tiempo a la UE^[10][11][15].

Qué vigilar a partir de ahora: un proyecto de ley en el orden del día de la Cámara de la Asamblea; un estatuto para el SVGIF; un reglamento con la inversión mínima y los días de residencia; cualquier paso para adherirse a ECCIRA; y el próximo informe de la Comisión Europea en el marco del mecanismo de suspensión de visados, que mostrará con qué firmeza presiona Bruselas a la región. Un Estado nuevo que lance un programa mientras la UE pide a sus vecinos que cierren los suyos sería observado muy de cerca en Bruselas.

Merece la pena esperar si no tiene prisa, valora un programa que se presenta como íntegro y está dispuesto a pasar tiempo real en San Vicente. Encaja con compradores que quieren una base en el Caribe, como propietarios de yates en las Granadinas o jubilados, y que cumplirían un requisito de residencia de todos modos.

Busque otra opción si necesita un segundo pasaporte en los próximos 12 meses, no puede pasar tiempo en la región o compra sobre todo por el acceso a Schengen. Estaría pagando por un producto cuyo precio, normas y valor para viajar son desconocidos. Además, quedaría expuesto a la misma presión de la UE que los programas existentes, sin su trayectoria.

Si necesita un pasaporte caribeño en 2026 o 2027, los cinco programas activos son las opciones realistas, cada uno con su propia exposición a la UE y a EE. UU.:

• Ciudadanía por inversión en Dominica: la entrada más baja de la región, desde una donación de 200.000 USD para una persona.
• Pasaporte de Antigua y Barbuda por inversión: donación de 230.000 USD al NDF para una familia, con una regla de 30 días de residencia aplicada por vía administrativa.
• Programa CBI de Granada: donación de 235.000 USD para hasta cuatro personas, y el único pasaporte caribeño con acceso al tratado E-2 de EE. UU.
• Santa Lucía, con opciones de donación y bonos: donación de 240.000 USD o bonos reembolsables de 300.000 USD.
• San Cristóbal y Nieves, el programa más antiguo: desde 250.000 USD, con el pasaporte más fuerte de la región junto al de San Vicente.

Fuera del Caribe, el programa de donación de Santo Tomé y Príncipe y la ciudadanía exprés de Vanuatu cuestan menos, pero ofrecen menos movilidad. Nuestro ranking de la ciudadanía por inversión más barata compara precios, y el resumen de nuevos programas de ciudadanía por inversión sigue también el régimen anunciado por Argentina, recurrido en los tribunales, y la propuesta de Tonga. Empiece por la guía general de ciudadanía por inversión para filtrar por presupuesto y región, y lea nuestra guía para evaluar agencias de ciudadanía por inversión antes de pagar a nadie.