Cómo obtener la ciudadanía de España en 2026: nacionalidad por residencia tras 10 años (2 para iberoamericanos)

La nacionalidad española se rige por los artículos 17 a 26 del Código Civil, y el procedimiento para adquirirla por residencia está en el Real Decreto 1004/2015^[1][2]. La concede el Ministerio de Justicia, que puede denegarla de forma motivada por razones de orden público o interés nacional (art. 21.2). La solicitud se presenta por vía electrónica ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (la antigua DGRN). El Ministerio del Interior informa siempre sobre el solicitante y puede consultarse al servicio de inteligencia^[1][2].

Para un inversor, la secuencia práctica es esta:

1. Obtener un permiso de residencia en España acorde con su perfil: residencia no lucrativa, visado de nómada digital, permiso de emprendedor o autorización de trabajo.
2. Vivir de verdad en España con ese permiso, renovarlo a tiempo y, por lo general, pasar a la residencia de larga duración a los cinco años.
3. Aprobar el examen de español DELE A2 (salvo exención) y la prueba CCSE de conocimientos constitucionales y socioculturales.
4. Presentar la solicitud cuando reúna los años exigidos de residencia legal y continuada.
5. Tras la concesión, jurar en un plazo de 180 días, inscribir la adquisición y tramitar el DNI y el pasaporte^[1][2][3].

Para la mayoría de los solicitantes no latinoamericanos, el camino suma unos 11 a 13 años desde el primer permiso hasta el pasaporte. Para un mexicano, colombiano, argentino o brasileño de origen puede quedarse en 3 o 4 años.

No. España nunca ha tenido un programa de ciudadanía por inversión. Comprar una vivienda, financiar una empresa o hacer una donación no acorta el plazo de 10 años del artículo 22. La única vía discrecional es la carta de naturaleza del artículo 21.1, que el Gobierno otorga por real decreto «cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales»^[1]. Se reserva a casos como deportistas de élite o personas con vínculos destacados con España, y no se puede comprar. Quien le ofrezca un pasaporte español de pago está falseando la ley.

El antiguo visado de inversor solo daba residencia. Lo suprimió la disposición final vigésima primera de la Ley Orgánica 1/2025, con efectos desde el 3 de abril de 2025^[11]. Quienes ya lo tenían conservan su permiso y pueden renovarlo con las reglas anteriores. Pero, como explicamos en nuestra guía sobre la golden visa España eliminada y sus alternativas, el titular que no vivía realmente en España no ha acumulado la residencia continuada que exige la nacionalidad.

El artículo 22 del Código Civil fija cuatro escalones^[1]. En todos ellos la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición (art. 22.3). Una solicitud presentada con el permiso caducado, o tras un hueco en la situación administrativa, fracasará aunque haya vivido en España más tiempo.

Hay dos matices clave para el inversor. El primero: la regla de los 2 años ampara a los nacionales de origen de los países citados. Según la letra del artículo 22.1, un pasaporte paraguayo o panameño obtenido por naturalización no da acceso a ese atajo. Por eso, encadenar una nacionalidad latinoamericana rápida (véanse nuestras guías sobre cómo obtener la ciudadanía de Paraguay y cómo obtener la ciudadanía de Panamá) para después invocar los 2 años en España no es un plan fiable. El segundo: solo computa el tiempo con autorización de residencia. La situación de estudiante es una «estancia», no residencia; precisamente por eso la proposición de ley de Sumar de 2025 planteaba computarla^[10]. Tampoco cuenta el tiempo como turista ni el transcurrido con una solicitud en trámite.

En la práctica, Brasil se trata como país iberoamericano, de modo que los brasileños de origen se benefician del plazo de 2 años. Eso sí, deben presentar el DELE A2, porque Brasil no figura en la lista de países hispanohablantes exentos^[2].

Además del plazo de residencia, el artículo 22.4 exige buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española^[1]. El Real Decreto 1004/2015 los concreta en pruebas documentales^[2]:

• Idioma: diploma DELE de nivel A2 o superior, expedido por el Instituto Cervantes. Están exentos los nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (RD 1004/2015, art. 6.5)^[2]. El DELE A2 cuesta 138 € en los centros de examen de España en 2026, según despachos que citan la tarifa del Cervantes^[8].
• Prueba CCSE: 25 preguntas tipo test sobre la Constitución, la organización del Estado y la sociedad y cultura españolas. Se aprueba con 15 aciertos (60 %). La tasa es de 85 € en todo el mundo e incluye dos convocatorias. El apto tiene una validez de 4 años. Hay examen el último jueves de cada mes, salvo agosto y diciembre. Los menores están exentos, y quienes tengan el título de ESO español pueden pedir la dispensa^[5].
• Antecedentes penales: certificado del país de origen, legalizado o apostillado y traducido. Los nacionales de la UE pueden valerse del Registro Central español si consta que se consultó al país de origen^[2]. El Ministerio del Interior informa además sobre su conducta y sobre el cumplimiento de sus obligaciones de extranjería (art. 8.2)^[2].
• Identidad y estado civil: pasaporte en vigor y certificado de nacimiento legalizado y traducido (RD 1004/2015, art. 5)^[2].
• Tasa: 104,05 €, abonada con el modelo 790 código 026. El importe puede actualizarse en la Ley de Presupuestos de cada año^[3][4].

La «buena conducta cívica» va más allá de no tener antecedentes penales. En la práctica, las denegaciones se apoyan en antecedentes policiales, multas impagadas, deudas con Hacienda o la Seguridad Social e incoherencias en el expediente de extranjería. La ley española no fija un número máximo de días fuera de España para la nacionalidad. Sin embargo, las ausencias largas o frecuentes pueden llevar al Ministerio a concluir que la residencia no fue «continuada», algo relevante para el inversor que reparte su tiempo entre varios países. Tome cualquier regla práctica de los gestores (por ejemplo, «no más de tres meses al año») como orientación, no como norma legal.

Cerrado el visado de inversor, el reloj hacia la nacionalidad española empieza ahora con un permiso basado en ingresos o en una actividad. Las cifras coinciden con nuestra página verificada sobre alternativas a la golden visa España.

Visado de residencia no lucrativa

Es la opción habitual de jubilados y familias con independencia económica. Exige medios pasivos del 400 % del IPREM, es decir, 28.800 € al año, más 7.200 € por cada familiar a cargo, además de un seguro médico privado^[12]. No permite trabajar. El primer permiso dura un año y las renovaciones, dos. Para renovar hay que haber vivido efectivamente en España más de 183 días al año^[12][14]. Encaja bien con el requisito de continuidad de la nacionalidad, pero también le convierte en residente fiscal en España.

Visado de nómada digital (teletrabajo de carácter internacional)

Pensado para empleados y autónomos que trabajan para empresas no españolas. Los ingresos deben alcanzar el 200 % del salario mínimo, unos 2.849 € al mes con el SMI de 2026 prorrateado (algunos consulados citan 2.442 €, es decir, el 200 % de la mensualidad en 14 pagas), más un 75 % por el primer familiar y un 25 % por cada uno de los siguientes^[13][24]. La autorización dura hasta tres años y es renovable.

Emprendedores y profesionales altamente cualificados

Los fundadores de empresas innovadoras con informe favorable de ENISA pueden obtener un permiso de tres años, igual que los empleados contratados como profesionales altamente cualificados. El tiempo con estos permisos computa tanto para la residencia de larga duración como para la nacionalidad, siempre que viva en España^[14].

Residencia de larga duración

Tras cinco años de residencia legal y continuada puede pasar a la residencia de larga duración (permanente). Se admiten ausencias de hasta seis meses seguidos, con un máximo total de diez meses en los cinco años^[14]. No es imprescindible para la nacionalidad, pero elimina el riesgo de renovación durante la segunda mitad de los 10 años, por lo que la mayoría de los solicitantes la tramita.

La nacionalidad es personal. Cada adulto de la familia debe cumplir el plazo de residencia, aprobar los exámenes y presentar su propia solicitud con su propia tasa^[1][2]. Aun así, algunas reglas familiares ayudan mucho:

• El cónyuge de un nuevo español solo necesita un año de residencia legal, una vez lleve un año casado con un español y sin separación (art. 22.2.d)^[1]. En la práctica, el cónyuge que llegó a la vez suele esperar a que el titular obtenga la nacionalidad y solicita un año después.
• Los hijos menores sujetos a la patria potestad de un español tienen derecho de opción a la nacionalidad española (art. 20.1.a)^[1]. Es un procedimiento distinto, sin plazo de residencia. Si el menor tiene menos de 14 años, la declaración la hace su representante legal; si los progenitores no se ponen de acuerdo, decide un expediente de jurisdicción voluntaria (art. 20.2.a). Los menores que solicitan por residencia no hacen el DELE ni el CCSE: aportan certificados de escolarización^[2][5].
• Los hijos nacidos en España de padres extranjeros necesitan un año de residencia (art. 22.2.a)^[1].
• Los hijos mayores de edad que no estaban bajo la patria potestad cuando su progenitor adquirió la nacionalidad deben cumplir por sí mismos el plazo de residencia^[1].

Todo el procedimiento es electrónico. Puede presentarlo usted mismo con certificado digital o a través de un abogado, gestor u otro profesional habilitado.

La demanda bate récords. El Ministerio recibió 246.667 solicitudes en 2024 y 296.923 en 2025 (datos de junio de 2026). Las concesiones rondaron las 221.000 anuales en ambos años, y las denegaciones subieron a 24.910 en 2025^[6][7]. A 31 de marzo de 2026 había 281.099 expedientes pendientes, de los que 189.208 se presentaron en 2025^[6]. A 30 de junio de 2026 el total había bajado a 251.223: 143.655 presentados en 2026 y 90.120 en 2025. Seguían abiertos unos 17.400 expedientes de 2024 o anteriores, entre ellos 8.970 de 2024^[7]. La prensa sitúa los expedientes pendientes a cierre de 2025 en 256.393 y describe un contrato de desarrollo y soporte informático de 1,7 millones de euros y dos años de duración para los sistemas de nacionalidad^[21].

La lectura práctica es que una solicitud completa y bien documentada presentada en 2026 probablemente se resolverá en uno o dos años. Los expedientes incompletos, los que reciben requerimientos y los que presentan cualquier problema policial o fiscal tardan más. Las estadísticas oficiales no publican un plazo medio de tramitación, así que desconfíe de las cifras exactas que citen los intermediarios.

España es uno de los pocos Estados de la UE que todavía exige a la mayoría de sus nuevos ciudadanos renunciar a su nacionalidad anterior. El artículo 23.b del Código Civil obliga al solicitante a declarar que renuncia a ella en el acto de jura. Quedan exentos los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, así como los sefardíes originarios de España^[1]. Desde el 1 de abril de 2022 también lo están los franceses, en virtud del convenio de nacionalidad hispano-francés firmado en Montauban el 15 de marzo de 2021^[9].

Para todos los demás (estadounidenses, británicos, canadienses, chinos, indios, rusos, alemanes o italianos, entre otros) la declaración es obligatoria. Que ponga fin realmente a su nacionalidad de origen depende de la ley de su país, no de la española. Muchos países no consideran válida una renuncia formulada ante un funcionario extranjero, y España no exige acreditar que se ha perdido la otra nacionalidad. Pero el artículo 25.1.a tiene dientes: el español naturalizado que utilice exclusivamente la nacionalidad renunciada durante tres años pierde la española^[1]. En la práctica, entre y salga de España y del espacio Schengen con el pasaporte español y siga usando documentación española.

Si es usted latinoamericano, su posición es la más cómoda: no renuncia a nada, conserva los dos pasaportes y la causa de pérdida del artículo 25.1.a no le afecta, porque se refiere a la nacionalidad renunciada. Para los españoles que residen habitualmente en el extranjero rige además el artículo 24: pierden la nacionalidad española si adquieren voluntariamente otra o usan en exclusiva la nacionalidad extranjera que tenían atribuida antes de la emancipación, una vez transcurridos tres años, salvo que declaren ante el encargado del Registro Civil su voluntad de conservarla. La adquisición de la nacionalidad de un país iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no basta para que un español de origen la pierda^[1], y el convenio con Francia da un trato equivalente a la nacionalidad francesa^[9].

La proposición de ley de Sumar de noviembre de 2025 suprimiría el requisito de renuncia del artículo 23.b y abriría la doble nacionalidad a todos los naturalizados (no hemos podido confirmar, en los resúmenes consultados, cómo trataría la causa de pérdida paralela del artículo 25.1.a). Fue tomada en consideración, pero no se ha aprobado, así que planifique con las reglas actuales^[10]. Los países que prohíben la doble nacionalidad, o que retiran la suya a quien se naturaliza voluntariamente en el extranjero, aplican sus propias normas haga lo que haga España. Compruebe la posición de su país antes de presentar la solicitud.

El pasaporte español es un pasaporte de la UE. Da derecho a vivir y trabajar en los 27 Estados miembros, en el resto del EEE y en Suiza, a la protección consular de cualquier Estado de la UE en el extranjero y al acceso sin visado o con visado a la llegada a 186 destinos, lo que situó a España en el cuarto puesto compartido del Henley Passport Index de julio de 2026^[17]. Los españoles naturalizados pueden votar en todas las elecciones y presentarse a ellas. Solo pueden perder la nacionalidad por las causas del artículo 25: uso exclusivo durante tres años de la nacionalidad renunciada, entrar voluntariamente al servicio de las armas o ejercer un cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno, o una sentencia firme que declare que la obtuvieron por fraude. El Estado dispone de 15 años para ejercer esa acción de nulidad^[1].

Fuera de estas reglas no existe atajo alguno hacia el pasaporte español para extranjeros. El procedimiento sefardí de la Ley 12/2015 se cerró a nuevas solicitudes en 2019, y la ventana de la Ley de Memoria Democrática para descendientes de exiliados se cerró el 22 de octubre de 2025^[22][23]. Si busca una visión más amplia de dónde puede un inversor obtener de forma realista un pasaporte comunitario, consulte nuestro análisis de la ciudadanía europea por inversión y la clasificación de los países con naturalización más rápida.

España grava por residencia, no por nacionalidad. Es residente fiscal quien pasa más de 183 días al año en España o tiene aquí su centro de intereses económicos, algo que se cumplirá en casi todos los que acumulan la residencia continuada que exige la nacionalidad. Los residentes tributan en el IRPF por su renta mundial con tipos progresivos de hasta aproximadamente el 47 % en la mayoría de las comunidades autónomas. El Impuesto sobre el Patrimonio se aplica por encima de un mínimo exento de 700.000 € (más 300.000 € por la vivienda habitual), y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas grava el patrimonio neto superior a 3 millones de euros^[16].

Quienes se trasladan por un empleo, por teletrabajo amparado en el visado de nómada digital o por una actividad emprendedora que reúna los requisitos pueden optar al régimen especial del artículo 93 (la «ley Beckham»). Este régimen grava la base liquidable general a un tipo fijo del 24 % hasta 600.000 € (47 % por encima) y excluye la mayor parte de las rentas del ahorro de fuente extranjera durante el año de llegada y los cinco siguientes. Solo pueden acogerse quienes no hayan sido residentes fiscales en España en los cinco años anteriores^[15]. Los titulares de la residencia no lucrativa no pueden utilizarlo, y normalmente habrá terminado mucho antes de que pueda naturalizarse.

Conviene conocer una regla ligada a la nacionalidad. Según el artículo 8.2 de la Ley del IRPF, el español que traslada su residencia fiscal a una jurisdicción no cooperativa (paraíso fiscal) sigue tributando en España el año del cambio y los cuatro siguientes^[15]. El español naturalizado que piense jubilarse en una de esas jurisdicciones debe asesorarse antes de irse.

España conviene a familias que de verdad quieren trasladarse: jubilados con residencia no lucrativa, trabajadores en remoto con visado de teletrabajo y fundadores que crean una empresa en España. Los latinoamericanos de origen están en una posición excepcional: 2 años de residencia, sin examen de español y sin renuncia. También salen ganando los cónyuges de españoles, que solo necesitan un año.

Busque otra opción si quiere un pasaporte sin mudarse o en menos de una década. Portugal exige ahora 10 años a la mayoría de las nacionalidades (consulte nuestra guía sobre cómo obtener la ciudadanía de Portugal), aunque su residencia por inversión sigue abierta con requisitos de estancia reducidos. Grecia mantiene una vía de residencia por compra de vivienda, pero exige 7 años de residencia efectiva; véase la guía sobre cómo obtener la ciudadanía de Grecia. El antiguo programa maltés de ciudadanía por inversión fue anulado por el Tribunal de Justicia de la UE en 2025, como explica nuestra página sobre la ciudadanía por inversión en Malta. Entre las alternativas que empiezan por la residencia, con requisitos de presencia más ligeros, están la golden visa Grecia, la golden visa Portugal y la residencia permanente en Malta por inversión.

Si su objetivo final es una segunda nacionalidad y no vivir en España, compare estas opciones:

• Portugal: residencia desde una donación cultural de 250.000 € o una inversión de 500.000 € en fondos, y naturalización tras 10 años (7 para ciudadanos de la UE y de la CPLP). Véase cuántos años para la nacionalidad de Portugal.
• Grecia: residencia por compra de vivienda desde 250.000 € y naturalización tras 7 años de residencia efectiva. Véase los requisitos para la ciudadanía de Grecia.
• Austria: ciudadanía discrecional por contribuciones extraordinarias, con un coste muy elevado y concedida en contadas ocasiones. Véase la ciudadanía por inversión en Austria.
• Primero Latinoamérica: Paraguay, Panamá y Uruguay ofrecen caminos relativamente rápidos de la residencia a la nacionalidad. Recuerde que un pasaporte latinoamericano obtenido por naturalización no activa la regla española de los 2 años.

Para una visión de conjunto, compare los programas en nuestra comparativa golden visa UE, repase los que han cerrado en el resumen de programas golden visa cerrados y explore todas las vías en el portal de segundo pasaporte y ciudadanía por inversión.